La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, conocida como Ley SAFCO, constituye uno de los pilares del derecho administrativo boliviano. Su finalidad es organizar la gestión pública bajo principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad, asegurando que los recursos del Estado se administren correctamente y que los servidores públicos respondan por sus actos. Para lograrlo, la norma establece un conjunto de sistemas de administración y de control, que funcionan de manera articulada y complementaria.

En primer lugar, los sistemas de administración son aquellos que regulan cómo se planifica, organiza y ejecuta la gestión pública. El Sistema de Planificación marca el rumbo: define los objetivos y políticas del Estado, y asegura que cada institución trabaje en coherencia con los planes nacionales. A partir de esa planificación, el Sistema de Presupuesto traduce las metas en cifras, asignando recursos financieros y permitiendo controlar que el gasto se oriente a las prioridades establecidas.

La estructura interna de las entidades se regula mediante el Sistema de Organización Administrativa, que delimita funciones y jerarquías para evitar duplicidades y garantizar eficiencia. Unido a ello, el Sistema de Administración de Personal se ocupa de los recursos humanos, promoviendo la selección meritocrática, la capacitación y la evaluación de los servidores públicos.

Por otro lado, el Sistema de Administración de Bienes y Servicios regula las adquisiciones y el manejo de los activos estatales, buscando transparencia en las contrataciones y un uso racional de los bienes públicos. El Sistema de Tesorería y Crédito Público se encarga de los flujos financieros: ingresos, pagos y endeudamiento, asegurando liquidez y sostenibilidad. Finalmente, el Sistema de Contabilidad Integrada registra todas las operaciones económicas y patrimoniales, produciendo información confiable para evaluar la gestión.

En segundo lugar, la Ley establece el Sistema de Control Gubernamental, que se divide en dos niveles: el control interno, ejercido por cada entidad sobre su propia gestión, y el control externo posterior, a cargo de la Contraloría General del Estado. Este sistema verifica la legalidad, eficiencia y eficacia de las acciones públicas, y es el que activa el régimen de responsabilidades cuando se detectan irregularidades.

Lo fundamental es comprender que estos sistemas no funcionan de manera aislada. Son engranajes de un mismo mecanismo que busca garantizar que el Estado cumpla con sus fines sin despilfarro ni corrupción. La Ley 1178 introduce además el principio de responsabilidad por la función pública, que implica que todo servidor responde por sus actos en el marco de estos sistemas, ya sea en el plano administrativo, civil o penal.